La anarquía como gobierno

España no se terminó de convertir en una democracia plena hasta el momento en el que se aseguró el cumplimiento de las leyes y hasta que el papel de los jueces fue más preeminente que la popularidad política o que un resultado electoral. Nadie –por más alto que haya sido el número de votos conseguidos a su favor– tiene derecho a incumplir las leyes, vulnerar el ordenamiento jurídico ni a destruir la tradición jurídica de un país.