PPO, ¿arma contra inocentes y disidentes?

Este texto, escrito por Ignacio Morales Lechuga el 15 de enero de 2025, analiza críticamente la reforma que amplía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en México. El autor argumenta que esta medida atenta contra los derechos humanos y el debido proceso.

El 98% de impunidad en México hace más probable que un inocente sea encarcelado que un culpable.

Resumen

• La reforma incrementa los delitos sancionables con PPO de 8 a 30, debilitando la presunción de inocencia.
• La aplicación de la PPO se considera un retroceso hacia un sistema penal inquisitorial, alejándose del garantismo y de los estándares democráticos de seguridad jurídica.

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• La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la incompatibilidad de la PPO con la presunción de inocencia y el debido proceso.
• La PPO viola convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968.
• La medida afecta desproporcionadamente a personas de bajos recursos, a pesar de su objetivo declarado de evitar la fuga de acusados con alto poder adquisitivo.
• Existen al menos 13 medidas cautelares alternativas que no implican la privación de la libertad.
• La PPO otorga excesivo poder a la policía y al Ministerio Público, permitiendo encarcelamientos sin pruebas suficientes.
• Se estima que más del 50% de quienes han estado encarcelados bajo esta modalidad resultaron inocentes.
• La PPO agravará la sobrepoblación en los centros penitenciarios, donde más del 51% (según el Inegi) ya presentan problemas de este tipo.
• La reforma se aprobó sin un análisis profundo, representando una amenaza a los derechos humanos y las libertades públicas.

Conclusión

• La PPO representa una amenaza significativa a la presunción de inocencia y al debido proceso en México.
• Su aplicación indiscriminada puede llevar a un aumento de la injusticia e inseguridad.
• La reforma carece de un análisis adecuado y vulnera los derechos humanos consagrados en tratados internacionales.
• La medida podría ser utilizada como instrumento de represión política y venganza.