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Este texto de Carlos Fernández-Vega, escrito el 15 de Enero de 2025, expone un caso de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México, centrándose en el descubrimiento de pensiones excesivas otorgadas a exfuncionarios.

Más de 8,000 pensiones del ISSSTE podrían ser ilegales.

Resumen

• Se revela la existencia de 10 pensiones extraordinariamente altas en el ISSSTE, algunas superiores al salario de la Presidenta de México.
• Estas pensiones, otorgadas desde 1989, van desde 309,000 pesos mensuales hasta 105,000 pesos mensuales.

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• Los beneficiarios incluyen exfuncionarios de diversas instituciones, como un director general adjunto, un comisario del Instituto Mexicano del Café, y una maestra de jardín de niños.
• En seis de los 10 casos, el Poder Judicial intervino para legalizar las pensiones.
• El límite máximo legal para una pensión del ISSSTE es de aproximadamente 34,000 pesos mensuales.
• La erogación mensual por estas 10 pensiones ilegales asciende a 1,754,397 pesos, lo que representa más de 21 millones de pesos anuales.
• Se mencionan los nombres de varios directores generales del ISSSTE durante el periodo en que se otorgaron las pensiones: Emilio Lozoya Thalman, Gonzalo Martínez Corbalá, Manuel Aguilera Gómez, José Antonio González Fernández, Socorro Díaz Palacios, Benjamín González Roaro, Enrique Moreno Cueto, Miguel Ángel Yunes Linares, Jesús Villalobos López, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Luis Antonio Godina Herrera y José Reyes Baeza Terrazas.
• Se han detectado aproximadamente 8,000 pensiones adicionales que podrían superar el límite legal.

Conclusión

• La corrupción en el ISSSTE es un problema sistémico y de larga data.
• La investigación de Martí Batres revela solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.
• Se requiere una revisión exhaustiva de las pensiones del ISSSTE para corregir las irregularidades.
• La implicación del Poder Judicial en la legalización de estas pensiones ilegales es preocupante.
• La lucha contra la corrupción en las instituciones públicas mexicanas requiere un esfuerzo sostenido y multifacético.