Pornografías no son moda

El texto de Rosario Portillo, escrito el 23 de enero de 2025, en Puebla, aborda la problemática de la pornografía, específicamente la pornografía infantil y el etnoporno, y su impacto en México. Se destaca la urgencia de combatir este delito y la necesidad de proteger a las mujeres y niñas.

El estado de Puebla ocupó el quinto lugar a nivel nacional en 2023 en número de personas encarceladas por pornografía infantil.

Resumen:

• La pornografía infantil y el etnoporno, una forma de violencia contra mujeres y niñas indígenas, son una realidad en México.
• En Chiapas, se documentaron casos de maestros que utilizaban celulares para obtener imágenes de contenido sexual de sus alumnas, chantajeándolas y vendiéndolas posteriormente para explotación sexual. El Cartel Chamula está involucrado en la producción y distribución de etnoporno.

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• La venta de USBs con videos de etnoporno se realiza en mercados como Merposur a precios bajos (150 pesos).
• A pesar de que no se han reportado casos de etnoporno en Puebla, sí existen casos de pornografía infantil.
• En Tehuacán, en 2016, se investigó al payaso "Yinyin" por pornografía infantil.
• Durante la pandemia de 2020, la asociación civil "Ya Basta Puebla" detectó ocho casos de pornografía infantil.
• En 2023, 10 personas fueron declaradas culpables de pornografía infantil en Puebla, ubicando al estado en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a personas encarceladas por este delito, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales. Los estados con mayor número de encarcelados fueron Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, y Aguascalientes.
• El texto enfatiza la importancia de denunciar este delito y proteger a las niñas y mujeres. El caso de Olimpia se menciona como un precedente importante en la lucha contra la distribución no autorizada de material sexual.

Conclusión:

• La pornografía infantil y el etnoporno representan una grave problemática en México, requiriendo acciones urgentes para su erradicación.
• La colaboración entre autoridades, organizaciones civiles y la sociedad en general es fundamental para combatir este delito.
• Es necesario fortalecer las leyes y mecanismos de protección para las víctimas de explotación sexual.
• La educación y la sensibilización pública son cruciales para prevenir la producción y consumo de este tipo de material.