Prisión preventiva oficiosa

El texto de Everardo Moreno Cruz, escrito el 3 de enero de 2025, analiza críticamente la prisión preventiva oficiosa en México, su inconsistencia con los derechos humanos y el potencial para su uso político. Se argumenta que la medida es contraria a la presunción de inocencia y que su aplicación puede ser manipulada por el poder ejecutivo.

La reforma firmada por la presidenta Sheinbaum sobre la prisión preventiva oficiosa, publicada el 31 de diciembre, es un punto central de la crítica.

Resumen

• La Constitución de México y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos, incluyendo la presunción de inocencia.
• La prisión preventiva oficiosa, obligatoria en la primera audiencia de un proceso penal para ciertos delitos, viola la presunción de inocencia.

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• Se diferencia de la prisión preventiva justificada, solicitada por el Ministerio Público para evitar fuga o riesgo para víctimas y testigos.
• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) critica la prisión preventiva oficiosa por considerarla arbitraria.
• La reforma de Sheinbaum sobre este tema es objeto de fuertes críticas por parte del autor.
• El autor argumenta que la prisión preventiva oficiosa no desalienta la comisión de delitos, y que su función es de las autoridades encargadas de la persecución del delito, no del poder judicial.
• Se advierte el riesgo de uso político de la prisión preventiva oficiosa, especialmente en el contexto de programas sociales y figuras antisociales de carácter fiscal.
• El proceso judicial, desde la acusación de la Fiscalía hasta la decisión del juez, facilita la aplicación arbitraria de la prisión preventiva oficiosa.
• La elección de jueces afines al partido en el poder incrementa el riesgo de supremacía del ejecutivo y la vulneración de la división de poderes.

Conclusión

• La prisión preventiva oficiosa en México es una medida problemática que contraviene los derechos humanos y la presunción de inocencia.
• Su aplicación puede ser manipulada con fines políticos, debilitando la división de poderes e independencia judicial.
• La reforma de Sheinbaum no soluciona los problemas inherentes a la prisión preventiva oficiosa.
• Se requiere una revisión profunda del sistema judicial mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos y la imparcialidad en la administración de justicia. El autor, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresa su preocupación por el futuro del sistema judicial mexicano.