Claudia Sheinbaum y la justicia fiscal en las aduanas

El texto de Gabriela Jiménez Godoy, publicado el 29 de octubre de 2025, aborda la reforma a la Ley Aduanera en México, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. El artículo destaca la importancia de esta reforma como un acto de justicia social y una medida para erradicar la corrupción en las aduanas, un problema que ha generado pérdidas significativas para el fisco.

Un dato importante es que entre enero y septiembre de 2025 se abrieron 109 expedientes penales por corrupción aduanera, con un perjuicio al fisco de 22 mil 843 millones de pesos.

📝 Puntos clave

• La reforma a la Ley Aduanera es vista como una decisión ética y un acto de justicia social para erradicar la corrupción.
• Se establece la corresponsabilidad de los agentes aduanales en la veracidad de las declaraciones y el pago de impuestos.

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• Las patentes aduanales tendrán una vigencia máxima de 20 años, sujetas a certificaciones periódicas.
• Se crea un Consejo Aduanero Nacional para fortalecer la vigilancia y evitar favoritismos.
• Se implementa modernización tecnológica, como videovigilancia y trazabilidad digital.
• Se simplifican trámites para empresas de mensajería, paquetería y comercio electrónico.
• La reforma busca una mayor transparencia y soberanía económica, contribuyendo a la justicia fiscal.
• La autora destaca el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la implementación de esta reforma.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos podrían surgir de la reforma a la Ley Aduanera según el texto?

La autora no menciona directamente aspectos negativos, pero las voces críticas podrían argumentar un exceso de control, aunque ella lo justifica como necesario para la transparencia y la soberanía económica.

¿Cuáles son los beneficios más importantes que se esperan de la reforma a la Ley Aduanera según el texto?

Los beneficios más importantes son la erradicación de la corrupción, el aumento de la recaudación fiscal, la simplificación de trámites para el comercio electrónico y la justicia social al destinar los recursos recuperados a programas sociales.