Análisis de Columna de Opinión Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en La Jornada

Ver el texto original 📑

El texto de Magdalena Gómez, escrito el 8 de octubre de 2024, analiza la reciente reforma constitucional relativa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuestionando la idea de que se cubre una deuda histórica.

Resumen

Gómez argumenta que la reforma debe evaluarse no solo por lo que dice, sino también por lo que calla.
Si bien reconoce la importancia de la declaración de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, critica que la reforma sigue privilegiando las decisiones del Estado en sus tres niveles de gobierno.
Publicidad
Señala que la reforma deja para después el impacto presupuestal de la declaración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con patrimonio propio, lo que limita su efectividad inmediata.
Gómez critica que la reforma no aborda el reconocimiento al territorio, incluyendo la tierra, y sigue avalando la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992.
La reforma incluye temas nuevos como la jurisdicción indígena, la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, el desarrollo de las lenguas indígenas y la participación en la construcción de modelos educativos.
Sin embargo, Gómez considera que la reforma no renuncia a la política indigenista del Estado y mantiene la antiautonomía, al establecer que las políticas públicas deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con los pueblos indígenas.
La reforma establece que la consulta a los pueblos indígenas será pagada por el particular beneficiado y que los pueblos indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales.

Conclusión

Gómez concluye que la reforma constitucional, aunque presenta algunos avances, no cumple con la promesa de cubrir la deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos. La autora considera que la reforma representa una deuda a plazos, con limitaciones y ambigüedades que podrían dificultar la efectiva aplicación de los derechos reconocidos.