Cifras sobre extorsión, ¿A qué jugamos?

El texto de Facundo Rosas, publicado el 12 de noviembre de 2025, analiza la discrepancia entre las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las denuncias anónimas recibidas a través del teléfono 089 en relación con el delito de extorsión. El autor cuestiona la veracidad de las estadísticas gubernamentales y la efectividad de la estrategia de seguridad implementada.

Un dato importante es la discrepancia entre las 83 mil 800 llamadas recibidas en el 089 y las solo 2 mil 929 carpetas de investigación abiertas.

📝 Puntos clave

• El autor critica la manipulación de las cifras oficiales sobre extorsión para mostrar una realidad más favorable.
• Señala la gran diferencia entre las llamadas al 089 y las carpetas de investigación iniciadas, evidenciando una alta tasa de impunidad.

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• Cuestiona el destino de las 18 mil 021 denuncias donde sí hubo pago y las 62 mil 850 donde no se pagó, pero existió el intento de extorsión.
• Compara la situación actual con programas anteriores, como el de "Cero Robos", que no lograron los resultados esperados.
• Menciona que en 2024 el INEGI estimó 5.6 millones de extorsiones, con una "cifra negra" del 99.8%.
• Critica la comparación del incremento del delito solo entre 2019 y 2025, ignorando el aumento significativo entre los últimos años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué es lo más negativo que se desprende del texto?

La falta de transparencia y la posible manipulación de las cifras oficiales sobre extorsión, lo que impide una evaluación real de la situación y dificulta la implementación de estrategias efectivas para combatir el delito. La alta tasa de impunidad, cercana al 100%, genera desconfianza en las instituciones y fomenta la comisión de más delitos.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede rescatar del texto?

La denuncia pública de las inconsistencias en las cifras oficiales y la crítica a la estrategia de seguridad implementada. Esto puede generar un debate público y presionar a las autoridades para que mejoren la transparencia y la efectividad de sus acciones en la lucha contra la extorsión.