Herencia maldita de López Obrador

Este texto de Carlos Marín, escrito el 22 de noviembre de 2024, analiza las dificultades y controversias en torno a la reforma al Poder Judicial en México, específicamente en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, así como en la próxima elección popular de juzgadores. El autor critica la premura y las inconsistencias en el proceso, destacando la influencia del nacionalpopulismo y sus consecuencias negativas para la democracia.

Resumen:

• Se detectó un error en la convocatoria para la inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, con una fecha límite incorrecta inicialmente establecida para el 24 de noviembre de 2025, corregida posteriormente.
• La reforma al Poder Judicial, impulsada por Claudia Sheinbaum, se considera deficiente y apresurada, contradiciendo la Constitución en cuanto a la duración del cargo y el proceso de elección de la Suprema Corte.

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• Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, advirtió sobre la necesidad de una reforma sin prisas y centrada en las víctimas.
• La elección popular de juzgadores enfrenta dificultades, con Ricardo Monreal señalando la complejidad de modificar la Constitución para postergar la elección, tal como solicita el Instituto Nacional Electoral (INE).
• El INE, liderado por Guadalupe Taddei, se enfrenta a la imposibilidad de instalar casillas electorales suficientes, optando por "centros de votación", lo que podría afectar la participación ciudadana.
• El alto costo de la elección (más de 13 mil millones de pesos) es otro obstáculo para la administración de Sheinbaum y sus mayorías legislativas.

Conclusión:

El texto de Carlos Marín revela una profunda preocupación por el estado de la democracia mexicana, mostrando cómo la reforma al Poder Judicial, impulsada con prisa y sin la debida consideración, está generando una serie de problemas que podrían afectar gravemente la legitimidad y la eficacia del sistema judicial. La falta de planificación, las inconsistencias legales y la resistencia a ajustar los plazos demuestran una falta de compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en un proceso crucial para el Estado de derecho en México.