La FGR acusa con pruebas falsas

Este texto de Lourdes Mendoza, escrito el 22 de noviembre de 2024, expone un caso de presunta corrupción e impunidad en torno a la "Estafa Maestra" en México, centrándose en la situación de Javier ‘N’ y José Luis ‘N’, exfuncionarios de la Sedatu, acusados con pruebas falsas. Mendoza argumenta que la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el juez luis benítez, están obstaculizando su defensa.

Resumen:

• Se describe la impunidad de Emilio Zebadúa, señalado como el principal responsable de la "Estafa Maestra", quien se benefició de la falsificación de documentos y sobornos.
• Javier ‘N’ y José Luis ‘N’ fueron acusados con un acta de recepción de servicios con firmas falsificadas.

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• Un peritaje privado confirmó la falsedad de las firmas, pero el juez luis benítez lo desestimó.
• Un peritaje de la FGR también confirmó la falsedad de las firmas, pero se les negó a Javier ‘N’ y José Luis ‘N’ una copia certificada del mismo.
• La ASF, la OIC de la Sedatu, y la FGR están al tanto de las irregularidades, pero no han actuado para corregirlas.
• Mendoza presenta como evidencia un peritaje grafológico privado, copias certificadas de actas, un oficio de respuesta a la solicitud del peritaje, y una copia simple del acta con las firmas falsas.
• La MP Brenda Álvarez Ávila mostró el resultado del peritaje de la FGR, pero no pudo dar una copia sin autorización de su superior.
• Mendoza concluye que la FGR está actuando de manera deliberada para inventar responsables en la "Estafa Maestra", mientras los verdaderos culpables, liderados por Emilio Zebadúa, permanecen impunes.

Conclusión:

El texto de Lourdes Mendoza denuncia una grave situación de injusticia e impunidad en el caso de la "Estafa Maestra". La autora presenta evidencia que sugiere una manipulación deliberada del proceso judicial para proteger a los verdaderos responsables, mientras que funcionarios inocentes son perseguidos con pruebas falsas. El caso pone en evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial para garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.