Jueces para la 4T

Este texto de Sergio Sarmiento, publicado el 26 de noviembre de 2024, analiza el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en México, cuestionando la imparcialidad y la transparencia del mismo bajo el gobierno de la 4T. El artículo también toca brevemente las discrepancias en las cifras de inversión extranjera directa reportadas por diferentes fuentes.

Resumen:

• Se reporta una gran cantidad de aspirantes a jueces, magistrados y ministros (alrededor de 30,000), un número que aumentó drásticamente en pocos días, sugiriendo un proceso poco transparente.
• El proceso de selección se centra en la lealtad al gobierno, priorizando la cercanía con el poder sobre la experiencia y la preparación. Los requisitos para los aspirantes son mínimos, requiriendo solo una licenciatura en derecho, cinco años de experiencia y cartas de recomendación.

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• La jueza Yazmín Murillo ejemplifica la diferencia entre el proceso anterior, basado en concursos transparentes, y el actual, que se percibe como un mecanismo para que la 4T controle el Poder Judicial.
• Se critica la creación de un Tribunal de Disciplina con poderes absolutos e irrevocables, que podría silenciar a jueces que no se alineen con el gobierno.
• Se destaca la contradicción entre las declaraciones pasadas de Arturo Zaldívar, quien anteriormente se oponía a la elección popular de jueces por considerarla una "desnaturalización" del proceso, y su actual postura, que apoya un proceso que favorece al gobierno.
• Se presentan discrepancias significativas entre las cifras de inversión extranjera directa reportadas por el secretario Ebrard y el Banco de México (Banxico), sugiriendo posibles inconsistencias en la información oficial. Gabriela Siller de BASE señala la posibilidad de que una parte significativa de la inversión reportada sean "solo un asiento contable".

Conclusión:

El artículo de Sergio Sarmiento denuncia un proceso de selección de jueces en México que prioriza la lealtad política sobre la meritocracia y la independencia judicial, poniendo en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial y la vigencia del estado de derecho. La discrepancia en las cifras de inversión extranjera directa refuerza la preocupación por la transparencia y la veracidad de la información oficial.