“Acción de nulidad de juicio concluido” impide la cosa juzgada fraudulenta, escribe Lenia Batres

El texto de Lenia Batres, escrito el 30 de Noviembre del 2025, aborda la desinformación generada en torno al principio de "cosa juzgada" y aclara dos situaciones específicas donde se malinterpretó su actuar como Ministra de la SCJN.

La Ministra Lenia Batres aclara que la figura de "nulidad de juicio concluido" para corregir sentencias fraudulentas está legislada desde 2004 en la Ciudad de México.

📝 Puntos clave

• Se desinforma sobre el principio de "cosa juzgada".
• Aclaración sobre una solicitud de atracción de un crédito fiscal de FEMSA.

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• Explicación sobre un asunto civil de pensión alimenticia disfrazado de mercantil.
• Se menciona la figura de "nulidad de juicio concluido" como excepción a la cosa juzgada.
• Esta figura está legislada desde 2004 en la Ciudad de México y se incorporará al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2027.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto revela una preocupante tendencia a la desinformación y la manipulación de la opinión pública, especialmente en un foro tan relevante como la "Mañanera del pueblo". La Ministra Lenia Batres se ve obligada a defenderse de acusaciones infundadas que buscan socavar la confianza en el sistema judicial, sugiriendo que se pretende "romper el principio de cosa juzgada". La forma en que se presentan los casos, distorsionando la realidad para generar controversia, es un indicativo de la fragilidad de la comunicación y la facilidad con la que se pueden sembrar dudas sobre temas legales fundamentales, afectando la percepción ciudadana sobre la justicia.

Dice IA en modo bot optimista:

El texto destaca la importancia de la transparencia y la aclaración de conceptos legales complejos para el público general. La Ministra Lenia Batres demuestra un compromiso con la educación cívica al explicar detalladamente el principio de "cosa juzgada" y sus excepciones, como la "nulidad de juicio concluido". La existencia de esta figura, legislada desde 2004 y con miras a su implementación nacional en 2027, subraya la capacidad del sistema legal para adaptarse y corregir errores o fraudes, garantizando así la justicia y la equidad, incluso en casos de sentencias previas.