Reforma Judicial y T-MEC

Este texto de Miguel A. Rosillo, abogado y profesor de derecho, publicado el 7 de noviembre de 2024, analiza la interacción entre la reforma judicial propuesta en México y el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), destacando las implicaciones de la primera para la soberanía nacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales. El autor argumenta que la reforma judicial propuesta socava la independencia judicial, lo que contradice los principios fundamentales del T-MEC.

Resumen:

• El derecho internacional, originariamente llamado "Ius Gentium" en la "Ciudad Antigua" de Roma, se basa en tratados, costumbres internacionales y principios generales del derecho.
• El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica), posteriormente reemplazado por el T-MEC, buscaba facilitar el comercio e inversiones entre México, Estados Unidos y Canadá.

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• La reforma judicial propuesta en México incluye la elección popular de jueces y la creación de un tribunal disciplinario.
• El autor argumenta que la elección popular de jueces politiza su designación y los hace susceptibles a presiones políticas.
• El tribunal disciplinario, según el autor, afecta la autonomía judicial al someter a los jueces a un control inquisitorial y sancionatorio.
• La combinación de la elección popular y el tribunal disciplinario elimina la imparcialidad judicial, ya que las decisiones se ven influenciadas por las preferencias del electorado y el temor a las sanciones.
• La reforma judicial, según el autor, cancela la independencia jurisdiccional, dañando el sistema de pesos y contrapesos y el control jurisdiccional de la constitucionalidad.
• El T-MEC asume la existencia de estados democráticos con instituciones independientes, lo que se ve comprometido por la reforma judicial propuesta.
• Se requiere un análisis artículo por artículo del T-MEC para determinar el impacto de la reforma judicial.

Conclusión:

Rosillo concluye que la reforma judicial propuesta en México representa una amenaza a la independencia judicial y, por ende, a la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones internacionales bajo el T-MEC. Se necesita un análisis exhaustivo del tratado para determinar las consecuencias específicas de esta reforma.