México, Estado de excepción difuso

El texto de Jorge Camargo, fechado el 7 de Noviembre de 2025, analiza la situación de inseguridad y la erosión del estado de derecho en Michoacán, México, a partir de los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del empresario limonero Bernardo Bravo. El autor argumenta que estos hechos no son aislados, sino síntomas de una retirada del Estado y una creciente influencia del crimen organizado.

La extorsión dejó de ser un tributo clandestino para convertirse en regla de mercado.

📝 Puntos clave

• La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el asesinato del empresario Bernardo Bravo son síntomas de la retirada del Estado en Michoacán.
• El crimen organizado ha colonizado la economía, convirtiendo la extorsión en una regla de mercado.

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• La respuesta oficial ha sido ambivalente, con condenas públicas y operativos reactivos, pero sin reconocer la responsabilidad por la falta de protección.
• Las reformas constitucionales y a la Ley de Amparo han reducido la capacidad ciudadana de defenderse legalmente.
• La reforma judicial que politiza la selección de juzgadores mediante elecciones populares es preocupante, ya que los expone a la cooptación criminal.
• Se propone cancelar el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027 y abrir una reforma correctiva con concursos de mérito y un amparo robusto.
• La vigencia real de los derechos es fundamental para un régimen democrático.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que señala el texto?

La politización de la judicatura mediante elecciones populares, especialmente en un contexto de captura criminal, es el aspecto más preocupante. Esto expone a jueces y magistrados a la cooptación territorial, clientelas y financiamiento opaco, lo que debilita la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia. La reforma judicial prevista para 2027 podría ser un golpe mortal para la democracia mexicana.

¿Qué solución propone el autor para mejorar la situación?

El autor propone cancelar el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027 y abrir una reforma correctiva que incluya concursos de mérito verdaderamente públicos, un servicio civil judicial, blindaje contra presiones políticas internas, externas y criminales, así como un amparo robusto que restituya la suspensión como herramienta eficaz ante normas lesivas. Esto busca fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos de los ciudadanos.