Oaxaca, ejemplo mundial de retorno seguro de personas desplazadas

El texto del 8 de Noviembre de 2025, escrito por Salomón Jara, describe el proceso de retorno seguro de personas desplazadas en Oaxaca, específicamente en la comunidad de Guadalupe Victoria. Se destaca la importancia de la Ley Estatal Sobre el Desplazamiento Forzado Interno y el protocolo implementado, ambos basados en los principios de la ONU y con el acompañamiento de ACNUR.

Oaxaca se convierte en el primer estado de México en implementar un proceso de retorno seguro, planeado, ordenado y participativo para personas desplazadas.

📝 Puntos clave

• Oaxaca lidera el primer proceso de retorno seguro en México para desplazados internos en Guadalupe Victoria.
• El problema del desplazamiento interno fue invisibilizado hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019.

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• La Ley Estatal Sobre el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada recientemente, busca visibilizar y atender a las familias afectadas.
• Desde 2023 se inició un diálogo con comunidades afectadas como San Pedro Ocotepec, San Juan Juquila Mixes y Guadalupe Victoria.
• El protocolo implementado se basa en los principios de la ONU y cuenta con el apoyo de ACNUR.
• Se busca un enfoque diferencial, étnico y con perspectiva de género para garantizar derechos como vivienda, salud y educación.
• Se ha iniciado un retorno gradual de las 102 familias afectadas en Guadalupe Victoria.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos podrían surgir de este proceso de retorno según el texto?

Aunque el texto no menciona explícitamente aspectos negativos, se podría inferir que la implementación de la ley y el protocolo podrían enfrentar desafíos en la práctica. La complejidad de abordar las causas del desplazamiento, garantizar la seguridad a largo plazo y satisfacer las necesidades de las 102 familias desplazadas podría generar dificultades y requerir una supervisión constante.

¿Qué aspectos positivos resalta el texto sobre este proceso de retorno?

El texto destaca la importancia de visibilizar el problema del desplazamiento interno, la creación de una ley estatal para proteger a las víctimas, el diálogo con las comunidades afectadas, el enfoque en los derechos humanos y la colaboración con organismos internacionales como la ONU y ACNUR. Además, resalta el valor político y moral de este proceso como un acto de justicia y un paso hacia la construcción de la paz en Oaxaca.