Almacenamiento de combustibles, la encrucijada entre gobierno e IP

Este texto analiza la grave crisis de infraestructura de almacenamiento de combustibles en México, comparándola con la situación de otros países y destacando las consecuencias económicas y sociales de esta deficiencia, así como las barreras para la colaboración público-privada en la solución del problema.

Resumen:

• México tiene una capacidad de almacenamiento de combustibles de entre 2.5 y 5 días de consumo nacional, muy inferior a la de países como Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Japón y Perú.
• La falta de almacenamiento incrementa la volatilidad de precios, afecta a empresas y consumidores, y limita la capacidad de aprovechar precios internacionales favorables.

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• La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que México tiene menos de 5 días de capacidad de almacenamiento.
• La Secretaría de Energía (Sener) reporta que algunas regiones de México solo cuentan con 20 minutos de almacenamiento.
• La iniciativa privada ha invertido entre 250 mil y más de 20 millones de dólares en proyectos de expansión de la infraestructura, pero la falta de colaboración del gobierno desde 2019 ha detenido proyectos clave.
• Un análisis de Bloomberg señala que la falta de reservas estratégicas incrementa la volatilidad de los precios de los combustibles.
• Datos de la CRE y la Sener indican que una interrupción en las importaciones afectaría el suministro nacional en menos de una semana.
• El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reporta retrasos regulatorios y falta de incentivos que detienen proyectos de almacenamiento.
• Existen proyectos con permisos y capital asegurado, listos para construirse, que podrían solucionarse rápidamente con la colaboración público-privada.
• Un proyecto de terminal de almacenamiento de más de 600 mil barriles puede tardar hasta 36 meses en comenzar su construcción, principalmente por la obtención de permisos federales.

Conclusión:

• La falta de almacenamiento de combustibles en México representa un grave riesgo para la seguridad energética, la economía y la sociedad.
• La colaboración público-privada es crucial para solucionar la crisis.
• Se deben establecer marcos regulatorios claros e incentivos para atraer inversión privada y reactivar proyectos detenidos.
• México debe aprender de las experiencias internacionales y adoptar una visión conjunta para garantizar un suministro energético seguro, eficiente y competitivo.