2024: Vivir entre balas

El texto de Carlos Puig, escrito el 11 de diciembre de 2024, analiza el informe de Data Cívica titulado "Votar entre Balas", que documenta la violencia política en México. El artículo destaca la alarmante escalada de la violencia y la necesidad de una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno.

Resumen:

• El 2024 registró 616 casos de violencia político-criminal, superando los 570 de 2023, convirtiéndose en el año más violento.
• Siete estados concentraron 384 de estos eventos: Guerrero, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Veracruz.

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• Entre 2018 y 2024 se registraron 2221 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas y entidades políticas. El 78% de las víctimas fueron hombres.
• La violencia se utiliza para conquistar espacios políticos en muchas regiones del país.
• La complicidad de autoridades locales con delincuentes contribuye a la inseguridad y el miedo ciudadano.
• El operativo "Enjambre" en el Estado de México se presenta como un ejemplo de estrategia para combatir la "toma de territorios".
• La presidenta Claudia Sheinbaum instó a los gobernadores a asumir su responsabilidad en materia de seguridad, enfatizando la importancia de la atención diaria al Gabinete de Seguridad.
• El presupuesto insuficiente para las fuerzas estatales y municipales es un factor que contribuye a la problemática.
• Siete de cada diez eventos de violencia registrados en "Votar entre Balas" afectaron a funcionarios y policías municipales, indicando que la "toma de territorios" comienza a ese nivel.

Conclusión:

• La violencia política en México ha alcanzado niveles críticos, requiriendo una acción urgente y coordinada.
• La responsabilidad recae tanto en los gobiernos estatales como en el gobierno federal.
• Se necesita un aumento en el presupuesto para las fuerzas estatales y municipales, así como una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
• La lucha contra la violencia política debe enfocarse en la prevención y en la actuación contra la complicidad de autoridades locales con grupos criminales.