El gobierno no recibe ni oye a líderes de las navieras

Este texto de Carlos Velázquez, del 4 de diciembre de 2024, analiza la controversia generada por la propuesta de imponer un Derecho de No Residente (DNR) de 42 dólares a los cruceristas que visitan México. El artículo describe las reacciones de diferentes actores involucrados, incluyendo a representantes de la industria de cruceros y funcionarios del gobierno mexicano.

Resumen:

• Michelle Paige y Micky Arison, de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), cancelaron su viaje a Ciudad de México para reunirse con Claudia Sheinbaum, Josefina Rodríguez, y legisladores, debido a la imposibilidad de concertar citas.
• La decisión de imponer el DNR causó desconcierto y molestia en la FCCA por la falta de consulta previa.

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• Gobiernos anteriores de Vicente Fox y Felipe Calderón revirtieron propuestas similares, considerando el impacto negativo en la economía de los destinos turísticos.
• Oralia Rice, ex subsecretaria de Turismo con Calderón, se opuso a la medida, recordando las consecuencias económicas negativas en Mazatlán tras la disminución de cruceros por un incidente de violencia.
• Se estima que casi 11 millones de personas (pasajeros y tripulación) visitarán destinos mexicanos en cruceros en 2024, generando alrededor de mil millones de dólares en gasto y 20 mil empleos.
• Paige advirtió que la imposición del DNR podría llevar a una reducción paulatina en el arribo de cruceros, debido a los largos plazos para modificar rutas.
• Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, apoyó el cobro del DNR, criticando la falta de compromiso ambiental de las navieras.
• Almaguer mencionó el apoyo de empresarios como Alex Zozaya, Pepe Chapur y la familia García Zalvidea a la medida, sugiriendo que los recursos obtenidos se inviertan en promoción, infraestructura y seguridad.

Conclusión:

• La falta de diálogo entre el gobierno mexicano y la FCCA podría resultar en una disminución del turismo de cruceros, afectando a diversos sectores.
• La decisión de imponer el DNR tiene implicaciones económicas significativas para México, considerando la derrama económica y la generación de empleos asociados a la industria de cruceros.
• La controversia resalta la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno y la industria privada para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.