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El texto de Jorge Nader Kuri, escrito el 5 de Diciembre de 2024, analiza la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México, sus implicaciones para la democracia y la necesidad de mecanismos alternativos para garantizar la transparencia y la protección de datos personales. El autor argumenta que esta decisión, aunque justificada por razones de eficiencia y ahorro, representa un riesgo significativo para los derechos ciudadanos.

Resumen:

• La extinción del INAI, aprobada por el Constituyente Permanente y próxima a publicarse en el Diario Oficial, marca un punto de inflexión en la historia democrática de México.
• La desaparición del INAI genera un vacío institucional que podría provocar una regresión en materia de derechos fundamentales, especialmente en cuanto al acceso a la información y la protección de datos personales.
• El traslado de las funciones del INAI a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción genera inquietudes sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

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• La extinción del INAI no es un evento aislado; se extinguen otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Comunicaciones.
• La decisión pone a la administración pública en una encrucijada: demostrar un compromiso inquebrantable con la transparencia y el buen gobierno a través de mecanismos innovadores y contrapesos que aseguren la rendición de cuentas sin interferencias políticas.
• La vigilancia ciudadana es esencial para evitar que los nuevos esquemas se conviertan en simulacros de transparencia.

Conclusión:

• La extinción del INAI podría ser un paso hacia un mejor quehacer público o un lamentable error que compromete años de avance.
• La transparencia y la protección de datos son cimientos medulares del desarrollo democrático en México, especialmente considerando la histórica opacidad que ha fomentado la corrupción y la impunidad.
• La sociedad civil debe mantenerse vigilante para asegurar que se mantengan los mecanismos para garantizar la transparencia y la protección de datos personales.