Pueblos indígenas y afromexicanos, aquí y ahora

El texto de Ernestina Godoy Ramos, escrito el 9 de Diciembre de 2024, describe el proceso de creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México. El texto destaca la participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas en la elaboración de esta ley, enfatizando su autodeterminación y el respeto a sus procesos de consenso.

Resumen

• Se describe la histórica desigualdad sufrida por los pueblos indígenas y afromexicanos en México, desde la época colonial hasta la actualidad.
• Se resalta la importancia de superar las desigualdades y garantizar los derechos colectivos de estos pueblos.

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• Se menciona la creación de un Comité Técnico, conformado por personas indígenas, afromexicanas, legisladoras y servidoras públicas, para la elaboración de la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
• Se destaca el proceso de consulta y consenso con las comunidades indígenas y afromexicanas para la elaboración de la ley, en cumplimiento de la Reforma Constitucional al artículo 2º.
• Se enfatiza la participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de la ley, como protagonistas de sus propias regulaciones.
• Se menciona el apoyo de la Presidenta de la República al proceso legislativo.
• Se resalta la importancia de generar las condiciones para que la ley tenga la viabilidad necesaria para llegar a buen término.

Conclusión

• La creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa un avance significativo en el reconocimiento y la garantía de los derechos de estos pueblos.
• La participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas en el proceso de elaboración de la ley es fundamental para asegurar su pertinencia y eficacia.
• La colaboración entre las instituciones públicas y las comunidades indígenas y afromexicanas es crucial para el éxito de este proceso.
• El texto finaliza con un llamado a la responsabilidad de las instituciones públicas para asegurar la viabilidad de la ley.