Cinco por la transparencia

El texto de Lourdes Morales Canales, fechado el 27 de marzo de 2025, analiza las implicaciones de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, publicadas el 20 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. La autora examina los posibles desafíos que estas leyes presentan para el ejercicio del derecho a saber en México.

Un dato importante es que la autora advierte sobre la fragmentación de la información y el posible control político de la misma debido a la delegación de la función garante a las contralorías estatales.

Resumen

• La nueva legislación obliga a las entidades federativas a elaborar sus propias leyes en la materia en los siguientes tres meses.
• El modelo de transparencia fragmenta la información al pasar a 32 sistemas subnacionales encabezados por las Contralorías estatales.

• Publicidad
• Se permite el control político de la información al delegar la función garante a las contralorías, que carecen de autonomía e independencia política.
• Se modifica la noción original de máxima publicidad, ampliando las causales para negar información.
• Se relegan los archivos al olvido, eliminando la obligación de documentar los actos de autoridad.
• Se eliminan los consejos consultivos y los mecanismos de vinculación con la sociedad, limitando la apertura y la cultura de la transparencia.
• La transparencia posibilita la autocontención de los miembros de la asamblea.

Conclusión

• La autora advierte sobre los riesgos de la nueva legislación para el ejercicio del derecho a saber en México.
• Se enfatiza la importancia de retomar la noción original de máxima publicidad y fortalecer la autonomía de los órganos garantes.
• Se destaca la necesidad de mecanismos de articulación y vinculación con la sociedad para fomentar la transparencia.
• La transparencia es fundamental para la autocontención y el buen gobierno.
• Jeremy Bentham apuntó como primer beneficio de la publicidad el “contener a los miembros de la Asamblea dentro de su obligación”.