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El texto de Dania Ravel, Consejera del INE, fechado el 15 de abril de 2025, analiza la reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a otros poderes del Estado promover la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal, señalando las posibles implicaciones negativas para la equidad y legitimidad del proceso.

La sentencia del TEPJF podría alterar el equilibrio institucional en el proceso electoral judicial.

Resumen

• La Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia SUP-JE-101/2025 que permite a los Poderes de la Unión, poderes locales y servidores públicos promover la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal.
• Esta sentencia contradice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorga al INE la exclusividad en la promoción de la participación ciudadana y prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de elecciones judiciales.
• La autora argumenta que permitir la intervención de múltiples órganos del Estado en la promoción del voto puede generar sesgos y debilitar la legitimidad del proceso.
• El INE había aprobado 48 minutos diarios para la promoción de la elección judicial, pero el TEPJF redujo este tiempo a 24 minutos en 30 entidades sin Proceso Electoral Local mediante la sentencia SUP-RAP-32/2025.
• La autora considera contradictorio reducir el tiempo de promoción del INE y, al mismo tiempo, permitir la intervención de otros poderes del Estado.
• La autora enfatiza la importancia de mantener reglas claras, una única autoridad rectora (INE) y un marco normativo para los poderes públicos.
• La intervención de los tres poderes de la Unión en el proceso ha concluido, ahora es solo el INE quien debe llevar la organización de la elección.

Conclusión

• La sentencia del TEPJF genera preocupación sobre la equidad y transparencia del proceso electoral judicial.
• La autora aboga por el respeto a las atribuciones del INE como autoridad electoral y por la necesidad de evitar la injerencia de otros poderes del Estado en la promoción del voto.
• Se destaca la importancia de mantener la legitimidad del proceso electoral, evitando la percepción de manipulación o favoritismo por parte del gobierno.