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Este texto de Clara Luz Álvarez, publicado el 30 de abril de 2025 en REFORMA, analiza críticamente el proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones en México, centrándose en sus aspectos institucionales y las implicaciones de su aprobación. Se destacan preocupaciones sobre la censura, la competencia y la accesibilidad.

El proyecto de ley omite concesiones únicas de uso comercial para personas distintas a entes públicos.

Resumen

• Preocupación por la estructura institucional propuesta, sugiriendo un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigido por José Merino Peña, con un órgano colegiado para evitar la captura regulatoria.
• Necesidad de reglas de contacto y transparencia más claras, incluyendo reuniones públicas, minutas y reportes periódicos.
• Conflicto de intereses al otorgar concesiones a entes públicos sin contraprestación, cuestionando el modelo de libre competencia.
• Riesgo de captura regulatoria por saturación de la ATDT debido a su amplio alcance de competencias.

FAQ

P: ¿Cuál es la principal preocupación de la autora sobre el proyecto de ley?

R: La principal preocupación es la falta de una estructura institucional sólida y transparente que pueda evitar la captura regulatoria y garantizar una competencia justa en el sector de telecomunicaciones. También se preocupa por la falta de claridad en la asignación de frecuencias y la posible eliminación de la neutralidad en la competencia.

P: ¿Qué propone la autora como solución a los problemas identificados?

R: La autora propone la creación de un órgano desconcentrado de la ATDT con un órgano colegiado de especialistas, reglas de contacto y transparencia más estrictas, y un debate profundo sobre el modelo de competencia que se desea implementar. También aboga por un parlamento abierto para lograr una ley que beneficie a todos los sectores.

P: ¿Qué aspectos del proyecto de ley se consideran deficientes según la autora?

R: Se mencionan deficiencias en la accesibilidad para personas con discapacidad, la protección de las audiencias, las limitaciones a las concesiones de uso social, y la omisión de concesiones comerciales para particulares. También se expresa inquietud sobre el registro de usuarios móviles y la obligación de geolocalización de datos.