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El texto escrito por Miguel A. Rosillo el 12 de Mayo del 2025 analiza la reciente decisión de un Pleno Regional del Poder Judicial Federal en México sobre la suspensión de órdenes municipales que exigen el cambio de cableado aéreo a subterráneo por parte de empresas de telecomunicaciones, radiodifusión y eléctricas. El autor examina los argumentos legales y las implicaciones económicas de esta resolución.

Un Pleno Regional del Poder Judicial Federal ha establecido un criterio sobre la suspensión de órdenes municipales de cambio de cableado aéreo.

📝 Puntos clave

• El Poder Judicial Federal ha dictaminado que los juzgadores pueden suspender las órdenes municipales que obligan a las empresas de telecomunicaciones, radiodifusión y eléctricas a cambiar el cableado aéreo por subterráneo.
• El argumento principal es que el cumplimiento de estas órdenes implica una inversión significativa para las empresas, lo que justifica la aplicación del criterio de "apariencia del buen derecho".
• La decisión judicial considera que los reglamentos municipales deben tener en cuenta las dificultades financieras de las empresas al realizar la transición al cableado subterráneo.
• El autor sugiere que los municipios deben incluir un esquema temporal en sus ordenanzas para mitigar la carga financiera del cambio para las empresas.

❓ Conclusiones FAQ

¿Cuál es el principal problema que aborda el texto?

El texto aborda el conflicto entre las regulaciones municipales que buscan mejorar el aspecto urbano mediante el soterramiento del cableado y las dificultades financieras que enfrentan las empresas para cumplir con estas regulaciones.

¿Qué sugiere el autor que deben hacer los municipios?

El autor sugiere que los municipios deben asegurarse de que sus ordenanzas incluyan un esquema temporal que considere la carga financiera que implica el cambio de cableado para las empresas.

¿Cuál es la implicación de la decisión del Poder Judicial Federal?

La decisión del Poder Judicial Federal implica que las empresas pueden obtener suspensiones de las órdenes municipales, lo que les da tiempo para planificar y financiar la transición al cableado subterráneo, siempre y cuando demuestren que el cumplimiento inmediato de las órdenes les causaría un perjuicio financiero significativo.