0.29%

El texto de Luis Carlos Ugalde, publicado en REFORMA el 2 de julio de 2025, analiza la propuesta de reforma electoral del gobierno actual, comparándola con intentos anteriores y señalando su limitada relevancia frente a los verdaderos desafíos de la democracia electoral en México.

El presupuesto del INE representa solo el 0.29% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2025.

📝 Puntos clave

• El artículo contextualiza la nueva propuesta de reforma electoral (Plan D) dentro de una serie de intentos previos (Plan A, Plan B, Plan C) por parte del gobierno para reconfigurar el sistema electoral mexicano.
• Se critica la propuesta actual por enfocarse en reducir el costo del INE y el financiamiento de los partidos, considerándola irrelevante y potencialmente perjudicial para la competencia electoral.

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• Ugalde argumenta que existen otras áreas donde se podrían ahorrar recursos de manera más efectiva, como reducir las pérdidas de PEMEX o detener el endeudamiento del gobierno.
• El autor identifica los verdaderos desafíos de la democracia electoral en México: la influencia del crimen organizado, el financiamiento ilegal de campañas y el uso electoral de programas sociales.
• Se advierte que la reforma propuesta podría consolidar el poder del partido en el gobierno y limitar la competencia electoral en el país.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos destaca el texto sobre la propuesta de reforma electoral?

La propuesta se considera irrelevante para abordar los problemas reales de la democracia electoral en México, como la influencia del crimen organizado y el financiamiento ilegal de campañas. Además, se advierte que podría cerrar la competencia electoral en el país, consolidando el poder del partido en el gobierno.

¿Qué aspectos positivos, si los hay, menciona el texto sobre la propuesta de reforma electoral?

El único aspecto potencialmente positivo que se menciona es la intención de reducir el costo del INE y el financiamiento de los partidos. Sin embargo, se argumenta que esta reducción no justifica los posibles efectos negativos en la calidad de la democracia electoral.