La presidenta Sheinbaum Pardo promueve reforma clave contra la extorsión

El texto de Gabriela Jiménez Godoy, publicado el 22 de julio de 2025, analiza la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. La autora destaca la importancia de esta propuesta ante el aumento de este delito en el país.

El promedio diario de extorsiones aumentó un 57.62% entre 2018 y 2025.

📝 Puntos clave

• La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca facultar al Congreso para crear una Ley General contra la Extorsión.
• La propuesta responde al incremento del delito de extorsión en México, que afecta a diversos sectores de la sociedad.

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• La reforma busca homogeneizar el tipo penal y sus penas, impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y priorizar el uso de tecnologías e inteligencia para la investigación.
• Se destaca el enfoque integral de la estrategia, que incluye prevención, persecución y atención a las víctimas.
• La Ley General busca unificar criterios y establecer penas que reflejen la gravedad del delito, con un plazo de 180 días para su expedición.
• La autora, Gabriela Jiménez Godoy, celebra la iniciativa como un avance legislativo y un compromiso con la justicia social.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos podrían surgir de la implementación de la Ley General contra la Extorsión?

La implementación podría enfrentar desafíos en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en la asignación de recursos para la capacitación y el uso de tecnologías. Además, existe el riesgo de que la ley no sea suficiente para desarticular las redes criminales si no se aborda el problema de la corrupción y la impunidad.

¿Cuáles son los aspectos más positivos que se esperan de la Ley General contra la Extorsión?

Se espera una mayor protección a las víctimas, una disminución en la impunidad de los extorsionadores y una mejora en la seguridad y la estabilidad de las comunidades. La homologación de las leyes y la unificación de criterios permitirán una persecución más efectiva del delito, lo que contribuirá a la construcción de un México más seguro.