La reforma judicial ante la gobernanza criminal

El texto analiza la relación entre el Estado y el crimen organizado en México, explorando su evolución histórica y las implicaciones de la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

Resumen

• El crimen organizado en México tiene raíces profundas, con una historia de confrontación y colaboración con el Estado que se remonta a los años 80.
• La fragmentación del Cártel de Guadalajara en 1985, tras el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), dio lugar a la proliferación de nuevos grupos criminales y un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico.

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• Durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006), se implementaron estrategias contra el narcotráfico, pero fueron menos intensivas que las de su sucesor.
• En 2006, Felipe Calderón inició la "Guerra contra las drogas", caracterizada por operativos de despliegue de fuerzas del Estado, lo que intensificó la violencia y alteró la relación entre el Estado y los grupos criminales.
• Las investigaciones han revelado periodos de colusión entre funcionarios del Estado y grupos criminales, como se evidenció en el caso Ayotzinapa en 2014.
• La estrategia de "abrazos, no balazos" de Andrés Manuel López Obrador (2018-presente) busca reducir la confrontación directa y fortalecer programas sociales, pero la violencia y la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública persisten.
• La reforma judicial propuesta por López Obrador ha generado preocupaciones sobre la posible influencia del crimen organizado en la elección de jueces y ministros.
• El crimen organizado en México ha expandido su control territorial más allá del narcotráfico, incluyendo ámbitos políticos y judiciales, lo que se conoce como "gobernanza criminal".
• Los grupos criminales ya proveen bienes y servicios a la población, como se evidenció durante la pandemia y con la incautación de antenas para brindar internet en Tierra Caliente.
• La injerencia política de los grupos criminales es una realidad, como lo ha documentado la organización Data Cívica.
• El texto plantea la necesidad de encontrar soluciones para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones de jueces y ministros, reconociendo que las formas de intervención estatal directa han generado violencia y fragmentación.
• Se destaca la importancia de admitir la existencia de formas de gobernanza más allá de la estatal para avanzar hacia la construcción de paz y justicia en México.