Registro obligatorio de líneas móviles: la promesa penal y el costo en derechos

El texto de Adrián Arellano Regino, publicado el 12 de Enero del 2026, analiza críticamente la implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, argumentando que la medida, presentada como una solución para combatir delitos, en realidad presenta serios riesgos constitucionales, penales y de privacidad.

La medida, que obliga a asociar cada número de teléfono móvil a una persona plenamente identificada, es comparada con un "mazo" en lugar de un "bisturí", sugiriendo que su aplicación es más dañina que efectiva.

📝 Puntos clave

• Registro obligatorio de líneas telefónicas en México para combatir delitos.
• Antecedente del PANAUT, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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• Argumento de que asociar una línea a una identidad no identifica a un delincuente.
• Riesgos de investigaciones mal dirigidas y criminalización de usuarios vulnerables.
• La base de datos se convierte en un objetivo para el mercado ilícito.
• La medida debe superar filtros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
• Se critica la falta de transparencia y verificación del ejercicio.
• Se propone que la lucha contra la extorsión requiere inteligencia financiera y fortalecimiento institucional, no atajos burocráticos.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

Lo más negativo del texto reside en la crítica a la medida como un "atajo" que confunde identidad con seguridad, generando una falsa sensación de control. Se advierte sobre el riesgo de que la política criminal traslade la carga de la incapacidad institucional al ciudadano, criminalizando al usuario más vulnerable y alimentando nuevas formas de extorsión a través de la creación de una base de datos sensible que se convierte en un objetivo para el mercado ilícito. La posibilidad de ser señalado como autor de un delito por el simple registro de una línea con un INE es un escenario alarmante.

Dice IA en modo optimista:

Lo más positivo del texto radica en la defensa de los principios del derecho penal y constitucional, enfatizando la necesidad de evidencia, proporcionalidad y límites claros al poder punitivo del Estado. Se resalta la importancia de la inteligencia financiera, el fortalecimiento de unidades especializadas y la cooperación técnica como verdaderas soluciones para combatir delitos como la extorsión, en contraposición a medidas burocráticas que, si bien pueden tranquilizar al poder, desgastan al ciudadano y apenas incomodan al criminal. La exigencia de un enfoque más serio y riguroso es un llamado a la responsabilidad institucional.