Para documentar el golpe virtual

Este texto de Carlos Marín, escrito el 13 de enero de 2025, analiza la controversia suscitada por el desacato de una orden judicial que suspende la selección de jueces, magistrados y ministros en México. El autor critica la postura del Ejecutivo y Legislativo, y la justificación ofrecida por Arturo Zaldívar.

El desacato a una orden judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo mexicanos, constituye un virtual golpe de Estado técnico al sistema republicano de gobierno.

Resumen

• La orden judicial para suspender la selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros es ignorada por el Ejecutivo y Legislativo de México.
• Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera la suspensión "improcedente" argumentando que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en asuntos electorales.

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• Zaldívar contradice sus propias declaraciones previas sobre el cumplimiento obligatorio de las suspensiones judiciales.
• Zaldívar atribuye las suspensiones a una "estrategia política" de Norma Piña.
• El Tribunal Electoral argumenta que las suspensiones no proceden en materia electoral.
• María Emilia Molina, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, refuta los argumentos de Zaldívar, señalando la ilegalidad del desacato a una orden judicial y la existencia de sanciones penales para quienes lo hacen (artículo 107 constitucional, fracción 17).
• Molina destaca que una resolución anterior no puede revocar una posterior.
• El artículo 107 constitucional (fracción 17) y la Ley de Amparo establecen sanciones penales para las autoridades que desobedecen autos de suspensión.

Conclusión

• El desacato a la orden judicial representa una grave violación al Estado de Derecho en México.
• La postura de Arturo Zaldívar es inconsistente y contraria a los principios básicos del derecho.
• Las acciones del Ejecutivo y Legislativo podrían constituir un golpe de Estado técnico.
• La opinión del Tribunal Electoral no puede invalidar una orden judicial.
• Es necesario que se apliquen las sanciones penales establecidas en la ley a quienes desobedecen las órdenes judiciales.