Reformas de amparo inconstitucionales

Este texto, escrito por Raul Contreras Bustamante el 25 de Octubre de 2025, analiza la reciente reforma a la Ley de Amparo en México, destacando sus posibles implicaciones negativas para la protección de los derechos humanos y la inversión extranjera. El autor argumenta que la reforma, al restringir la figura de la suspensión provisional y permitir la retroactividad, podría socavar la seguridad jurídica y la confianza en el sistema legal mexicano.

La reforma a la Ley de Amparo podría violar el artículo 14 de la Carta Magna sobre la no retroactividad de las leyes.

📝 Puntos clave

• La Constitución es la norma jurídica fundamental de un Estado, con supremacía sobre las demás leyes.
• El Constitucionalismo busca que gobernantes y gobernados se sometan por igual a la Constitución.

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• El juicio de amparo es crucial para defender a los ciudadanos del poder político.
• La reforma a la Ley de Amparo restringe la suspensión provisional y permite la retroactividad.
• La reforma genera preocupación en inversionistas extranjeros y podría afectar la revisión del T-MEC.
• Entre Noviembre de 2024 y Septiembre de 2025 se reportaron 636,071 demandas interpuestas.
• La Suprema Corte deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma.
• La reforma podría violar los principios de progresividad y no retroactividad.
• Los derechos humanos y las garantías constitucionales son superiores a las leyes y autoridades.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto sobre la reforma a la Ley de Amparo?

La restricción de la figura de la suspensión provisional y la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley, lo cual podría dejar indefensos a los ciudadanos ante actos de autoridad que vulneren sus derechos, y generar incertidumbre jurídica para los inversionistas.

¿Qué aspecto positivo, si es que lo hay, se puede rescatar del texto en relación con la situación planteada?

La esperanza de que la Suprema Corte intervenga para garantizar la constitucionalidad de la reforma y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la reafirmación del principio de que los derechos humanos y las garantías constitucionales son superiores a las leyes secundarias.