Reforma y el nuevo Poder Judicial, primeros cambios

El texto de Lenia Batres, fechado el 9 de noviembre de 2025, reflexiona sobre el primer año tras la implementación de la reforma judicial en México, haciendo un balance de sus resultados y desafíos. Se centra en los cambios en la SCJN y el PJF después de los comicios judiciales y la renovación de la mitad del poder judicial.

Un año después de la reforma judicial, la SCJN tiene nueve ministras y ministros electos, y la mitad del PJF ha sido renovada.

📝 Puntos clave

• Se desestimó un proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara que buscaba anular la reforma judicial.
• Se realizaron comicios judiciales y se renovó la mitad del PJF.

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• La SCJN se enfoca más en las injusticias que afectan a grupos vulnerables.
• Se resolvieron 255 asuntos en el pleno de la SCJN en dos meses.
• Se emitieron cuatro declaratorias generales de inconstitucionalidad, incluyendo una sobre la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
• Se cumplió el ajuste al límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, eliminando privilegios.
• Se recortó el presupuesto al PJF en 17,788,100,000 pesos y a la SCJN en 661 millones de pesos.
• Se están debatiendo criterios cuestionables sobre la invalidez automática de leyes por falta de consulta indígena o a personas con discapacidad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos podrían señalarse sobre la reforma judicial, considerando la información proporcionada por Lenia Batres?

La resistencia a la implementación de la reforma, especialmente en el ajuste de remuneraciones y la eliminación de privilegios, así como el debate en curso sobre criterios cuestionables relacionados con la invalidez automática de leyes por falta de consulta a grupos vulnerables, sugieren que la reforma enfrenta desafíos y posibles retrocesos en su aplicación.

¿Qué beneficios o aspectos positivos destaca Lenia Batres sobre la reforma judicial?

La autora destaca el enfoque renovado de la SCJN hacia las injusticias que afectan a grupos vulnerables, el cumplimiento del ajuste salarial para funcionarios públicos, la reducción del presupuesto al PJF y la emisión de declaratorias generales de inconstitucionalidad que protegen derechos. Estos elementos sugieren un avance hacia una justicia más equitativa y transparente.