Análisis de Columna de Opinión Gestión de desastres naturales en El Financiero

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Este texto, escrito por David Colmenares Páramo el 9 de junio de 2025, aborda la importancia de la fiscalización superior en la gestión de riesgos y desastres naturales, especialmente en el contexto de los países de América Latina. Se destaca el papel crucial de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la prevención, respuesta y recuperación ante estos eventos, así como su contribución a la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a la atención de emergencias.

El papel de las EFS es fundamental para supervisar, auditar y evaluar las políticas públicas orientadas a la prevención, mitigación y respuesta ante las emergencias.

📝 Puntos clave

Los desastres naturales impactan desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos.
La prevención y la reacción inmediata son cruciales para reducir los daños.
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La fiscalización superior mejora la gestión de riesgos y promueve la rendición de cuentas.
Las EFS desempeñan un papel fundamental en la supervisión de políticas públicas y el uso de recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha liderado el Grupo de Trabajo en OLACEFS sobre Fiscalización de Desastres Naturales (GTFD) desde 2019.
El GTFD busca promover la cooperación entre las EFS para desarrollar estándares y buenas prácticas.
La fiscalización ayuda a reducir el impacto presupuestario de los desastres y a prevenir la corrupción.
La ASF alinea las actividades del GTFD con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

❓ Lo malo y lo bueno

¿Qué aspectos negativos se pueden identificar en la gestión de desastres, según el texto?

El texto señala que bajo el amparo de la emergencia, en muchos casos han existido actos de corrupción en algunos de los desastres históricos en México. El FONDEN tuvo fallas estructurales, por ejemplo.

¿Qué beneficios aporta la fiscalización superior en la gestión de desastres, según el texto?

La fiscalización superior, a través de las EFS, contribuye a mejorar las capacidades para la gestión de desastres, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos, ayuda a reducir el impacto presupuestario de los desastres, previene la corrupción y alinea las actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.