El desamparo

El texto escrito por Gabriel Reyes Orona el 22 de Septiembre del 2025 analiza críticamente una iniciativa que busca modificar la Ley de Amparo en México. El autor argumenta que, bajo una fachada de progresismo, la iniciativa introduce una subjetividad extrema que socava la protección de los derechos fundamentales y otorga una discrecionalidad ilimitada a los juzgadores, favoreciendo la corrupción y el control político del Poder Judicial.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es vista como un mecanismo para controlar las decisiones judiciales y favorecer intereses particulares, tanto nacionales como extranjeros.

📝 Puntos clave

• La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo se presenta como progresista, pero en realidad busca introducir una subjetividad extrema en la aplicación de la ley.
• Se critica la figura de Zaldívar por promover esta iniciativa, que se considera un "asesinato" de la institución jurídica del amparo.

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• La reforma otorga una discrecionalidad ilimitada a jueces, magistrados y ministros, lo que permite manipular las sentencias en favor de intereses particulares.
• Se denuncia la corrupción y el control político del Poder Judicial por parte de un grupo que busca beneficiarse de la reforma.
• Se advierte que la reforma podría generar conflictos con Estados Unidos en el marco del T-MEC, ya que este tratado exige la imparcialidad de los juzgados.
• El autor considera que la iniciativa es tan mala que no tendrá éxito a largo plazo.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que destaca el texto sobre la reforma a la Ley de Amparo?

La pérdida de objetividad e imparcialidad en el Poder Judicial, lo que permite la manipulación de las sentencias y la corrupción en favor de intereses particulares, tanto nacionales como extranjeros.

¿Existe algún aspecto positivo, aunque sea indirecto, que se pueda inferir del texto?

La esperanza de que la iniciativa no prospere a largo plazo debido a su mala concepción y a la posible intervención de Estados Unidos a través del T-MEC, lo que podría obligar a México a garantizar la imparcialidad de sus juzgados.