La carga de la prueba en competencia: riesgos para la competitividad

El texto escrito por Javier Núñez Melgoza el 3 de Abril del 2025, analiza la evolución del estándar y la carga de la prueba en casos de derecho corporativo y política de competencia, especialmente en mercados digitales. Se centra en el cambio hacia enfoques basados en presunciones legales por parte de las autoridades de competencia y sus implicaciones.

El texto destaca el riesgo de sancionar a agentes económicos inocentes (error tipo I) al invertir la carga de la prueba.

Resumen

• Tradicionalmente, la carga de la prueba en casos de abuso de poder de mercado recae en las autoridades de competencia.
• La complejidad de los mercados digitales ha llevado a algunas autoridades a adoptar enfoques basados en presunciones legales, trasladando la carga de la prueba a las empresas.

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• Esta práctica facilita la ejecución y sanción, pero genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y aumenta la judicialización.
• En mercados dinámicos como el comercio electrónico, existe el riesgo de aplicar soluciones a escenarios obsoletos.
• La inversión de la carga probatoria incrementa la probabilidad de errores tipo I (sancionar a inocentes) sin necesariamente reducir los errores tipo II (eximir a culpables).
• Se requiere un equilibrio que preserve las garantías del debido proceso y se base en una evaluación rigurosa del contexto económico.
• El autor advierte sobre el riesgo de pasar de una subaplicación de la ley a una sobreaplicación, que podría debilitar la competencia.
• El autor es Javier Núñez Melgoza, especialista en competencia económica y regulación, y Socio Director de Ockham Economic Consulting.

Conclusión

• El artículo plantea una reflexión crítica sobre la aplicación de las leyes de competencia en la era digital.
• Se enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja la competencia sin generar efectos contraproducentes en la innovación y la inversión.
• El autor sugiere que la aplicación de presunciones legales debe ser cuidadosamente considerada para evitar errores y garantizar el debido proceso.